Heisenberg
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Hacienda contra los escritores jubilados
La imagen de un compositor, un narrador o, más aún, un poeta no suele casar con la de alguien con la capacidad y propósito de engañar a las cuentas públicas, entre otras razones porque sus ingresos no dan para tanto. Y sin embargo, la actual normativa trata a los autores con una dureza que dificulta su actividad
Elegir entre la pensión de jubilación para la que se ha tributado durante toda una vida o la expresión artística. Ante esta disyuntiva se encuentra un buen número de escritores y escritoras de este país desde que en el año 2013 se aprobó el real decreto legislativo 5/2013 dentro de un conjunto de medidas con las que el gobierno de Mariano Rajoy reformó el sistema de pensiones. A la luz de la nueva normativa, se podía considerar un fraude que los escritores y otros creadores cobraran los rendimientos de su trabajo intelectual –en caso de superar el salario mínimo interprofesional, unos 10.000 euros anuales– si a la vez estaban percibiendo la prestación por su jubilación. Y como defraudadores fueron tratados insólitamente algunos de los nombres de nuestra cultura más destacados tanto en España como internacionalmente. Los poetas galardonados con el premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald y Antonio Gamoneda, o los exitosos narradores Javier Reverte y Eduardo Mendoza fueron algunos de los autores sancionados y que alzaron la voz para denunciar lo que estaba pasando.
Un titular habitual en la prensa en los últimos años ha sido el descubrimiento de enormes fortunas de artistas, políticos o deportistas depositadas en paraísos fiscales. Pero en esta ocasión se trataba de algo muy distinto: se ponía impedimentos para el desarrollo de su actividad –y su vocación– a escritores que pagaban los impuestos correspondientes por lo recibido en concepto de derechos de autor, por impartir conferencias, lecturas poéticas, escribir artículos o formar parte de jurados como actividades más habituales. Las sanciones se aplicaron con carácter retroactivo, lo que supuso que creadores como Javier Reverte, Antonio Colinas, Julio Pomés o el músico José Luis González Uriol no sólo se vieran obligados a tener que escoger entre la expresión artística y la percepción de la pensión, sino que debían devolver el dinero recibido por su jubilación en los últimos ejercicios fiscales. Se han conocido sanciones cercanas a los 200.000 euros.
Torpedear la cultura
Los libros de viajes de Javier Reverte (Madrid, 1944) gozan de un gran éxito, especialmente su Trilogía de África. Tras la sanción –que ha vivido “como un drama, como una maldición”, según afirma–, su proyecto literario se ha visto seriamente afectado, puesto que “teniendo en cuenta que yo hago literatura de viajes, me han cortado las alas”. De hecho, lo que más escandaliza del asunto es la aparente indiferencia de los legisladores y recaudadores ante las consecuencias que una normativa fiscal como la actual puede tener sobre la cultura. “Evidentemente es una muestra de una falta de respeto a los escritores –afirma Reverte–. En general, los poderes públicos no han sido nada favorecedores de la cultura. Se quemaban libros hasta hace poco, y se han prohibido hasta hace muy poco, y el PP habría quemado unos cuantos si hubiera podido. Ven la cultura como un peligro para sus intenciones”.
En la misma línea se manifiesta otro de los afectados, el poeta catalán Joan Margarit (Sanaüja, 1938): “Hay un menosprecio por la cultura, y la democracia sin cultura no funciona. Cuarenta millones de analfabetos votando no es democracia. Llegar a construir una cultura es un trabajo muy largo, y se puede perder en una generación”. Es el poeta catalán actual más traducido y con más proyección internacional, y denuncia que con la sanción y la legislación vigente “no puedo hacer recitales de poesía, o hacer cosas peores, pedir que paguen en especies: el hotel para mi mujer, el viaje... Es indignante”. Su reclamación pretende poner en primer plano los peligros que corre la cultura: “No se dan cuenta de lo importante que es. La cultura sirve para que los catalanes no digamos que los andaluces son tontos, y que los andaluces no digan que sin los catalanes y sin la tramontana se estaría mejor”, declara.
El prestigioso organista José Luis González Uriol (Zaragoza, 1936) considera imposible poder renunciar a la vocación y “he procurado, con toda sinceridad, sobrepasar todo ese castigo al que me he visto sometido, realmente sin ninguna clase de justificación, y he intentado seguir haciendo en muchas ocasiones, como es en el caso de mis conciertos en el extranjero, sin cobrar; pero no he querido de ninguna manera quedarme con los brazos cruzados”. Por su parte, el poeta Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) manifiesta su decepción y asegura sentirse engañado, tras tantos años de cotizar: “He dedicado cincuenta años de mi vida a la cultura de este país, como escritor, conferenciante, traductor y con misiones pedagógicas muchas veces sin compensación alguna. No puede ser que ahora no tengamos una pensión digna y que no podamos seguir creando e ingresando por la creación. Es la cultura del país la que sale perdiendo. Debo olvidarme de que como autónomo tengo pensión”, comenta. El articulista, profesor y presidente del think tank Civismo, Julio Pomés, denuncia una obsesión recaudatoria del entonces ministerio de Montoro y coincide en sentirse engañado.
El gobierno del PP agravó la situación
Es difícil obtener una cifra aproximada de los autores afectados por las sanciones. Según Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) y portavoz de la plataforma Seguir Creando, los que fueron sancionados y quisieron comunicarlo son algo más de una docena, “pero la inmensa mayoría decide no hacerlo público o exige que los servicios jurídicos de las asociaciones lo lleven con discreción. Son músicos, escritores, ilustradores, traductores…”. En todo caso, las multas y la denuncia pública de la situación sirvieron para dar visibilidad a una realidad que nunca había pasado desapercibida entre los agentes del sector cultural pero que se agravó con la actuación del gobierno del Partido Popular: la distancia existente entre la fiscalidad y las normativas laborales de las industrias culturales y la práctica cotidiana de sus profesionales. Sobre este punto, hace incidencia el presidente de la Associació Col·le-gial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), el poe- ta David Castillo, al criticar que “nos movemos en un territorio en que todo es ilegal y alegal, y que depende de la permisividad”.
A la falta de sintonía entre actividad cultural y fiscalidad también se ha referido la escritora Carme Riera, presidenta de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), entidad que trabaja por la defensa y la gestión de manera colectiva de los derechos de propiedad intelectual derivados del uso secundario tales como la reproducción, la distribución, la comunicación pública o la transformación. Al parecer de Riera, “la legislación vigente no tiene en cuenta la especificidad del oficio autorial ni que los derechos de autor son la base de la creación. Tampoco el carácter personal de la creación, ningún escritor le quita el trabajo a otro. Cada autor es único”. En comparación con la legislación existente en otros países europeos, la presidenta de Cedro cree que “la normativa española es miope y que debería dar una consideración fiscal propia a los rendimientos derivados de la propiedad intelectual. Sería una garantía para que los autores, de cualquier disciplina, podamos seguir creando y contribuyendo al patrimonio cultural común”.
La imagen de un compositor, un narrador o, más aún, un poeta no suele casar con la de alguien con la capacidad y propósito de engañar a las cuentas públicas, entre otras razones porque sus ingresos no dan para tanto. Y sin embargo, la actual normativa trata a los autores con una dureza que dificulta su actividad
Elegir entre la pensión de jubilación para la que se ha tributado durante toda una vida o la expresión artística. Ante esta disyuntiva se encuentra un buen número de escritores y escritoras de este país desde que en el año 2013 se aprobó el real decreto legislativo 5/2013 dentro de un conjunto de medidas con las que el gobierno de Mariano Rajoy reformó el sistema de pensiones. A la luz de la nueva normativa, se podía considerar un fraude que los escritores y otros creadores cobraran los rendimientos de su trabajo intelectual –en caso de superar el salario mínimo interprofesional, unos 10.000 euros anuales– si a la vez estaban percibiendo la prestación por su jubilación. Y como defraudadores fueron tratados insólitamente algunos de los nombres de nuestra cultura más destacados tanto en España como internacionalmente. Los poetas galardonados con el premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald y Antonio Gamoneda, o los exitosos narradores Javier Reverte y Eduardo Mendoza fueron algunos de los autores sancionados y que alzaron la voz para denunciar lo que estaba pasando.
Un titular habitual en la prensa en los últimos años ha sido el descubrimiento de enormes fortunas de artistas, políticos o deportistas depositadas en paraísos fiscales. Pero en esta ocasión se trataba de algo muy distinto: se ponía impedimentos para el desarrollo de su actividad –y su vocación– a escritores que pagaban los impuestos correspondientes por lo recibido en concepto de derechos de autor, por impartir conferencias, lecturas poéticas, escribir artículos o formar parte de jurados como actividades más habituales. Las sanciones se aplicaron con carácter retroactivo, lo que supuso que creadores como Javier Reverte, Antonio Colinas, Julio Pomés o el músico José Luis González Uriol no sólo se vieran obligados a tener que escoger entre la expresión artística y la percepción de la pensión, sino que debían devolver el dinero recibido por su jubilación en los últimos ejercicios fiscales. Se han conocido sanciones cercanas a los 200.000 euros.
Torpedear la cultura
Los libros de viajes de Javier Reverte (Madrid, 1944) gozan de un gran éxito, especialmente su Trilogía de África. Tras la sanción –que ha vivido “como un drama, como una maldición”, según afirma–, su proyecto literario se ha visto seriamente afectado, puesto que “teniendo en cuenta que yo hago literatura de viajes, me han cortado las alas”. De hecho, lo que más escandaliza del asunto es la aparente indiferencia de los legisladores y recaudadores ante las consecuencias que una normativa fiscal como la actual puede tener sobre la cultura. “Evidentemente es una muestra de una falta de respeto a los escritores –afirma Reverte–. En general, los poderes públicos no han sido nada favorecedores de la cultura. Se quemaban libros hasta hace poco, y se han prohibido hasta hace muy poco, y el PP habría quemado unos cuantos si hubiera podido. Ven la cultura como un peligro para sus intenciones”.
En la misma línea se manifiesta otro de los afectados, el poeta catalán Joan Margarit (Sanaüja, 1938): “Hay un menosprecio por la cultura, y la democracia sin cultura no funciona. Cuarenta millones de analfabetos votando no es democracia. Llegar a construir una cultura es un trabajo muy largo, y se puede perder en una generación”. Es el poeta catalán actual más traducido y con más proyección internacional, y denuncia que con la sanción y la legislación vigente “no puedo hacer recitales de poesía, o hacer cosas peores, pedir que paguen en especies: el hotel para mi mujer, el viaje... Es indignante”. Su reclamación pretende poner en primer plano los peligros que corre la cultura: “No se dan cuenta de lo importante que es. La cultura sirve para que los catalanes no digamos que los andaluces son tontos, y que los andaluces no digan que sin los catalanes y sin la tramontana se estaría mejor”, declara.
El prestigioso organista José Luis González Uriol (Zaragoza, 1936) considera imposible poder renunciar a la vocación y “he procurado, con toda sinceridad, sobrepasar todo ese castigo al que me he visto sometido, realmente sin ninguna clase de justificación, y he intentado seguir haciendo en muchas ocasiones, como es en el caso de mis conciertos en el extranjero, sin cobrar; pero no he querido de ninguna manera quedarme con los brazos cruzados”. Por su parte, el poeta Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) manifiesta su decepción y asegura sentirse engañado, tras tantos años de cotizar: “He dedicado cincuenta años de mi vida a la cultura de este país, como escritor, conferenciante, traductor y con misiones pedagógicas muchas veces sin compensación alguna. No puede ser que ahora no tengamos una pensión digna y que no podamos seguir creando e ingresando por la creación. Es la cultura del país la que sale perdiendo. Debo olvidarme de que como autónomo tengo pensión”, comenta. El articulista, profesor y presidente del think tank Civismo, Julio Pomés, denuncia una obsesión recaudatoria del entonces ministerio de Montoro y coincide en sentirse engañado.
El gobierno del PP agravó la situación
Es difícil obtener una cifra aproximada de los autores afectados por las sanciones. Según Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) y portavoz de la plataforma Seguir Creando, los que fueron sancionados y quisieron comunicarlo son algo más de una docena, “pero la inmensa mayoría decide no hacerlo público o exige que los servicios jurídicos de las asociaciones lo lleven con discreción. Son músicos, escritores, ilustradores, traductores…”. En todo caso, las multas y la denuncia pública de la situación sirvieron para dar visibilidad a una realidad que nunca había pasado desapercibida entre los agentes del sector cultural pero que se agravó con la actuación del gobierno del Partido Popular: la distancia existente entre la fiscalidad y las normativas laborales de las industrias culturales y la práctica cotidiana de sus profesionales. Sobre este punto, hace incidencia el presidente de la Associació Col·le-gial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), el poe- ta David Castillo, al criticar que “nos movemos en un territorio en que todo es ilegal y alegal, y que depende de la permisividad”.
A la falta de sintonía entre actividad cultural y fiscalidad también se ha referido la escritora Carme Riera, presidenta de Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), entidad que trabaja por la defensa y la gestión de manera colectiva de los derechos de propiedad intelectual derivados del uso secundario tales como la reproducción, la distribución, la comunicación pública o la transformación. Al parecer de Riera, “la legislación vigente no tiene en cuenta la especificidad del oficio autorial ni que los derechos de autor son la base de la creación. Tampoco el carácter personal de la creación, ningún escritor le quita el trabajo a otro. Cada autor es único”. En comparación con la legislación existente en otros países europeos, la presidenta de Cedro cree que “la normativa española es miope y que debería dar una consideración fiscal propia a los rendimientos derivados de la propiedad intelectual. Sería una garantía para que los autores, de cualquier disciplina, podamos seguir creando y contribuyendo al patrimonio cultural común”.
